La asesina confesa del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, que cumple condena de prisión permanente revisable en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), ha sentado un nuevo precedente judicial al admitir ante el juez que sostuvo encuentros íntimos con un funcionario y con un cocinero de la cárcel a cambio de favores.
Las declaraciones de Ana Julia Quezada llegan tras la denuncia presentada por Patricia Ramírez, madre de la víctima, quien aseguró que la interna gozaba de privilegios y trato de favor dentro de la prisión. Aquella queja motivó la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de Ávila, que investiga un presunto delito de cohecho previsto en el artículo 443.2 del Código Penal.
Según el testimonio grabado y emitido en exclusiva por el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, Quezada reconoció haber mantenido relaciones “a veces consentidas y otras no” con un funcionario, en un contexto en el que ella “no le podía decir que no, porque es un funcionario”. Relató que los encuentros se producían en el turno de noche, cuando el compañero del funcionario no estaba presente.
A cambio de estos favores sexuales, la reclusa recibió pequeños obsequios, según detalló: “Perfume, chocolate, crema y cositas”, explicó. En el mismo interrogatorio, describió cómo obtuvo el teléfono móvil: “Me lo hizo llegar uno de los cocineros, tuvimos un lío”, afirmó, refiriéndose al trabajador de la cocina que intervino en la entrega del dispositivo.
El móvil, según los escritos judiciales, habría servido a Quezada para grabar material comprometido con la intención de “chantajear” a la dirección de la prisión y presionar por un traslado a Barcelona. Esta circunstancia figura en los informes internos de Instituciones Penitenciarias, donde la directora de Brieva advirtió de “datos de especial relevancia” aportados por un educador.
Tras conocer los hechos, varios funcionarios implicados fueron suspendidos de sus funciones y cesados en el centro penitenciario. La Guardia Civil y la Inspección de Servicios Penitenciarios siguen recabando pruebas en el marco de la causa, que permanece abierta a la espera de nuevas diligencias.
Imputación de los trabajadores implicados
El juzgado ha decretado la imputación de los trabajadores implicados y ha fijado diligencias para esclarecer el grado de participación de cada uno en el suministro del teléfono y en los presuntos intercambios de favores sexuales por ventajas carcelarias.
Mientras la investigación continúa, la prisión de Brieva ha reforzado los controles internos y ha recordado en un comunicado que ningún interno puede disponer de dispositivos electrónicos ajenos a los autorizados por el reglamento penitenciario. Asimismo, ha reiterado su colaboración plena con la autoridad judicial.
Este nuevo escándalo en torno a Ana Julia Quezada reaviva el debate sobre el control y la disciplina en los centros de cumplimiento de penas, así como la responsabilidad de los funcionarios que, de demostrarse su implicación, podrían enfrentarse a penas que superen los años de servicio detenido.
