Dos empleados del centro penitenciario de Brieva (Ávila) han dejado de trabajar en la prisión tras ser investigados por un presunto delito de cohecho relacionado con la interna Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería en 2019.
Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, se trata de un funcionario y un trabajador en régimen de personal laboral. Ambos habrían ofrecido un trato de favor a Quezada a cambio de favores sexuales, según la investigación de la Guardia Civil. Finalizada la fase de toma de declaraciones a implicados y testigos, las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, que determinará los próximos pasos judiciales.
La madre de Gabriel Cruz denuncia “desprotección institucional”
En este contexto, Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, ha anunciado que comparecerá este miércoles para denunciar su situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”. Además, alertará sobre las “posibles irregularidades” detectadas en el penal de Brieva, donde cumple condena Ana Julia Quezada.
Ramírez, conocida por su firme oposición a los contenidos de ‘true crime’ que explotan el caso de su hijo, denunciará lo que considera una vulneración de derechos conforme al estatuto de la víctima y otras normativas europeas. Su comparecencia se produce tras conocerse que uno de los trabajadores investigados habría proporcionado un teléfono móvil a Quezada, con el que ésta podría haber grabado relaciones sexuales con personal del centro, con la supuesta intención de chantajear a la dirección y forzar su traslado a una prisión en Barcelona.
El diario El País ha revelado que el juzgado dispone de la declaración de un educador del centro que coincide con los testimonios de tres reclusas y de la actual pareja de Quezada. Según estos informes, la interna mantuvo relaciones con un funcionario y el cocinero, mientras que un informe interno de la directora de la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo conocimiento de la existencia de grabaciones en vídeo tomadas en la celda. "La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda", recoge el documento.
